Así se manifestó el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, donde recabó el compromiso de los partidos políticos para apoyar la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) promovida  por la entidad contra el actual copago en materia de dependencia.

 

Pérez Bueno indicó que cuando se tiene que abonar por parte del usuario el 90% del coste de un determinado servicio “se trata de una compra, no de un copago”.

 

Además, criticó la diferencia que existe entre comunidades autónomas en lo que se refiere a prestaciones, listas de espera y porcentajes de copago, y lamentó que se penalice a las personas en situación de dependencia que quieren y pueden trabajar, advirtiendo de que se puede dar el caso de que haya situaciones en los que el usuario tenga que aportar hasta el 90% de sus ingresos para gozar de la atención que necesiten.

 

Entre las propuestas de la ILP del CERMI presentadas por Pérez Bueno destaca la demanda de que se fije un tope del 60% de copago por un determinado servicio, que los beneficiarios tengan al menos el 40% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para que les quede dinero disponible, y que se hagan distinciones en los criterios de copago si la persona nace con una situación de dependencia o si la adquiere en la edad adulta, “que ha podido tener tiempo para acumular patrimonio”, aunque eso sí, ha apuntado que “el horizonte debe ser la gratuidad”.

 

El presidente del CERMI subrayó además que las personas con discapacidad, las que están en situación de dependencia y sus familias “hemos estado históricamente discriminados y no hemos tenido fácil acceso a la agenda política en la posición que merecemos. Esta ILP es un alzar la voz de grupos sociales, que movilizados, llaman la atención a cerca de sus necesidades”. Por ello, Pérez Bueno agradeció el apoyo de todos los grupos políticos.

 

El responsable de la entidad mostró también su satisfacción por el hecho de que haya sido la primera vez que se ha llevado al Congreso una ILP de carácter social y porque además se haya defendido en una Comisión, algo que es la primera vez que sucede. En esta línea, el presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, Sebastián Franquis, calificó este hecho de “hito histórico”.